El 15 de septiembre de 2026 hallaron el cuerpo del padre Román de la Cruz Hernández a un costado de la carretera en los límites de Lolotla y Tlanchinol, Hidalgo. Era párroco de Santa Cruz, en Huejutla de Reyes, y coordinaba la pastoral profética de su diócesis.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) pidió una investigación exhaustiva y justicia; el obispo de Huejutla, José Hiraís Acosta Beltrán, llamó a no especular y, al mismo tiempo, a no permitir que este crimen, ni los demás que han lastimado al país, quede impune.
La violencia ha dejado de ser excepción y se ha vuelto, tristemente, muy cotidiana: extorsión en el comercio, fosas, jóvenes reclutados, familias que buscan huesos con pico y pala, y un gobierno que a menudo hace caso omiso de la situación.
En este escenario, el asesinato de un sacerdote ya no produce el impacto que debiera en las instancias gubernamentales y en amplios sectores de la sociedad.
Es por ello que hoy más que nunca es necesario que trabajemos en comunidad para detener la violencia, y no olvidemos las palabras de el Arzobispo Primado de México, Carlos Cardenal Aguiar Retes: “La violencia y la inseguridad que se sufren en el país […] nos reclaman acciones concretas y constantes a todos los actores de la sociedad para ponerle un freno efectivo”.
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